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Esta medida permite que las demandas relacionadas con la aplicación de la Ley de Dependencia se presenten ante la jurisdicción social.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) considera “un avance muy importante” que las controversias y litigios judiciales referentes a la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, serán tramitados por la jurisdicción social a partir de ahora, y no por la contencioso-administrativa.
Así lo establece el Real Decreto ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, aprobado ayer en Consejo de Ministros y publicado hoy en el BOE.
Esta medida modifica así la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de 2011, lo que permite que todas las demandas o reclamaciones que se generen en la aplicación de la Ley de Dependencia se presenten ante la jurisdicción social, obligando así a que los juzgados de este ámbito se pronuncien sobre su competencia.
De esta manera, se subsanan así los retrasos generados por la tramitación de los litigios relacionados con la dependencia que sucedían hasta ahora, y se logra el más rápido ejercicio del derecho que reconoce la Ley 39/2006 de Autonomía Personal Y Atención a la Dependencia acelerando el acceso a las prestaciones de las personas en situación de dependencia. Esto es de gran importancia, ya que en la situación actual miles de personas dependientes con derecho reconocido mueren cada año sin haber podido beneficiarse de las prestaciones que les corresponden.
Para la PMP, se trata de una reivindicación histórica. “El impulso de esta medida demuestra una gran conciencia social por parte del Gobierno, cumpliendo así con los derechos de las personas en situación de dependencia, en su mayoría personas mayores y con discapacidad,”, incide.
