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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido “de forma imperativa” la protección reforzada de las personas con discapacidad como consumidoras de servicios financieros, así como la defensa de un consumo financiero inclusivo.
Es una de las principales demandas del movimiento CERMI que ha expresado con motivo del Día de la Educación Financiera que se celebra este 2 de octubre y que este año lleva por lema “Finanzas inclusivas, finanzas para todos” poniendo el foco en los colectivos más vulnerables, entre ellos, las personas con discapacidad, niños, jóvenes y mayores.
Al respecto, el CERMI ha denunciado que “existe un riesgo claro de exclusión de las personas con discapacidad en el ámbito financiero”. Por ese motivo, desde CERMI abogan por políticas públicas reguladoras de los servicios financieros que garanticen los derechos de las personas con discapacidad como consumidoras de servicios financieros y, por ende, garanticen su mayor defensa y protección.
En materia de servicios financieros, también han subrayado la accesibilidad universal como “elemento clave” para hacer que los servicios financieros sean “comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, facilidad y bienestar, así como de la forma más autónoma y natural posible”.
La formación específica para las personas mayores de 65 años y el impulso a la educación financiera de la ciudadanía en general, han sido otras demandas del movimiento. Asimismo, se ha respaldado el diálogo civil como papel colaborador y de acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil de la discapacidad y el trabajo colaborativo y en red de todas las partes interesadas.
También han puesto de manifiesto la creciente digitalización que está contribuyendo todavía más a la exclusión de las personas con discapacidad y mayores que, junto con un protocolo de atención específico, podría ayudar a combatir la brecha digital y mejorar la protección de este grupo ciudadano en su condición de consumidor de servicios financieros.
En este sentido, desde CERMI han recordado que dicho protocolo debe reunir características como la condición de grupo preferente en la atención y comunicación presencial de las personas con discapacidad y personas mayores, y en el caso de que no sea presencial, implantar tecnologías de acceso a la banca “sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras para garantizar la accesibilidad universal”.
Al respecto, este protocolo debería contar una persona de apoyo cualificada para orientar y cumplir lo citado anteriormente. Para todo ello, CERMI recuerda que es “necesario implantar medidas relacionadas con el coste de los servicios financieros” que tengan en cuenta este sobrecoste económico.
