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La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un proyecto de orden que está ya en el periodo de información pública que establece los "requisitos y estándares de calidad que deberán cumplir las residencias de mayores con plazas públicas” para poder operar en la región y que comenzará a implantarse previsiblemente a partir del segundo semestre de este año.
La nueva normativa afectará tanto a los centros de gestión pública directa o indirecta como a los privados que concierten plazas con la Administración regional. Todos ellos deberán seguir las nuevas directrices que principalmente se fundamentan en reducir el número de mayores por centro y buscar que la atención sea más rigurosa e individualizada. Por eso, las residencias que se construyan a partir de 2024 no podrán tener más de 150 plazas y, al menos, el 50% de los huéspedes deberán estar contar con habitación individual manteniendo la capacidad máxima del resto en dos personas.
Asimismo el texto recoge quecentros de mayores que tengan más de 50 plazas, sean nuevos o ya estén en funcionamiento, deberán organizar, al menos, el 33% de su espacio en unidades de convivencia que no superen los 25 residentes. Según fuentes regionales este modelo "permite ofrecer una atención personalizada en espacios más íntimos y reducidos que se convierten en el hogar de los mayores y agrupan las habitaciones y las zonas comunes de comedor, salas para terapia ocupacional, fisioterapia".
En cuanto al personal, la orden fija una ratio de 0,45 profesionales de atención directa en las residencias de más de 50 plazas, lo que significa que por cada 100 residentes habrá un total de 45 cuidadores, gerocultores, auxiliares, trabajadores sociales, psicólogos y otras categorías dedicados a su cuidado especializado. También habrá un técnico en cuidados auxiliares de enfermería que se encargará de manera específica de realizar las funciones de enlace con los centros de médicos que presten el servicio sanitario a los residentes.
Afectará tanto a los nuevos centros como a los actuales, si bien éstos tendrán una moratoria de un año desde la entrada en vigor del texto, prevista para mediados de este año, a fin de que puedan adaptarse a la normativa.
Por otra parte, se establece los requisitos que deberán acreditar otros recursos de atención social como Centros de Día, Teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio o centros para personas con discapacidad. Los ciudadanos y entidades que lo deseen disponen de siete días hábiles para aportar sus indicaciones al texto a través del Portal de Transparencia.
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