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El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley estatal de Servicios Sociales, que pretende garantizar una protección mínima en todo el territorio español. Lo hará mediante un catálogo de servicios y prestaciones básicos acordado entre las comunidades autónomas, según ha explicado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
El Gobierno, en voz del Ministerio de Derechos Sociales, reconoce que los servicios sociales, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, se han desarrollado con distinto ritmo, inversiones y características diferentes en cada territorio, generándose importantes desigualdades que limitan el ejercicio en igualdad de los derechos contenidos en el capítulo III de la Constitución.
Por ello, explica que la ley nace con el objetivo de consolidar el cuarto pilar del Estado de Bienestar en nuestro país y fomentar la igualdad de los y las ciudadanas, independientemente de dónde vivan.
El anteproyecto de ley se ha realizado desde el reconocimiento de que todas las personas somos usuarias o potencialmente usuarias de los servicios sociales y bajo el deseo de que esa red de apoyo pueda ser un poco más tupida, más robusta y más adaptada a las necesidades de cada persona.
Además, se ha tenido en cuenta que se trata de un sector muy castigado debido a la crisis de la COVID-19, y que es necesario reconocer el gran esfuerzo realizado por los y las profesionales para atender a toda la población. Sus profesionales han sido y son personal público tan esencial como el personal sanitario o el profesorado, y así debe considerárseles.
La norma establecerá un suelo de protección para los servicios sociales, que se articulará a través de una hoja de ruta para que las comunidades autónomas acuerden, en el seno de la Consejo Territorial, un mínimo común en todo el territorio. Además, el Consejo Territorial también acordará los estándares mínimos de calidad de esas prestaciones y servicios, incluyendo las ratios de profesionales. Todo ello con vistas a fomentar la igualdad en el territorio, respetando siempre las competencias exclusivas autonómicas.
Con esta ley, se podrá optar a prestaciones sociales cuando se cambia de comunidad y se creará una "historia social única", como ocurre con el historial sanitario actual, para "empezar a terminar con los laberintos burocráticos". Así se evitará que al mudarse de una comunidad a otra el usuario tenga que pasar de nuevo por un proceso de evaluación que "puede ser bastante largo", ha añadido Belarra.
Se creará también un sistema de información común interoperable entre todas las comunidades, y se eliminará el requisito de empadronamiento para acceder al catálogo común de prestaciones mínimas.
La ley reconoce los servicios sociales como esenciales, como hizo de manera extraordinaria en la pandemia y elevará la tasa de reposición de los trabajadores que aprueban las administraciones para este tipo de colectivos, así como aumentar las ratios de profesionales por usuario.
El objetivo es que cada uno de los usuarios de los servicios sociales "tenga siempre un profesional de referencia, una persona que coordine toda la Intervención", que tenga a derecho a acceder en todo momento a su historia social única y a que le atienda un equipo multidisciplinar.
La ley "pretende ser un balón de oxígeno para los profesionales que demasiadas veces han cubierto con su vocación y a costa de sus derechos laborales una labor que tendría que haber garantizado mejor la administración pública", y también para los usuarios.
Una de las novedades que se establecen es, al igual que en el caso de la sanidad, la posibilidad de movilidad territorial, evitando la exclusión que ahora mismo ésta produce en el acceso a algunas prestaciones de los servicios sociales, en caso de trasladarse de un lugar a otro del Estado.
El segundo de los grandes objetivos de esta ley tiene que ver con un refuerzo general del sistema y la orientación del mismo hacia una atención más personalizada, más integral e inclusiva, reduciendo las barreras de acceso a la protección social.
Se busca modernizar los servicios y reducir las cargas burocráticas que supongan un uso ineficiente de recursos públicos, y que son una continua queja de las personas usuarias, dificultan el acceso y pueden resultar contrarias a la dignidad de las personas. En este sentido, se establece un plazo para la creación de una regulación específica para las ayudas económicas de emergencia social en el marco de la Ley General de Subvenciones, de modo que estas ayudas puedan dar respuesta ágil a las situaciones de mayor necesidad a las que se enfrentan personas y familias en riesgo de exclusión social.
Asimismo, el anteproyecto de ley fomenta la innovación social para que las mejoras prácticas se vayan incorporando a la labor de los servicios sociales y la constitución de un sistema de gobernanza colegiada más robusto, en el que, entre las distintas administraciones competentes se dialogue y se tomen decisiones, en su caso, acerca de cuestiones clave como los estándares de atención, las ratios o los servicios y prestaciones.
