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Durante una reunión mantenida con el ministro de Consumo, la PMP ha podido compartir sus principales prioridades y reivindicaciones, como son: la brecha digital y la exclusión financiera, los cuidados en el domicilio y en el ámbito residencial, las ayudas para la adaptación y accesibilidad de viviendas o el desarrollo definitivo de una ley de protección integral de las personas mayores, entre otras.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, se ha reunido con el ministro de consumo, Alberto Garzón, para abordar las necesidades de los más de diez millones de personas mayores y pensionistas de nuestro país frente a los servicios financieros, y sobre la necesidad de una regulación en este sentido que sea de obligado cumplimiento.
Así, durante el encuentro mantenido en el Ministerio de Consumo, la PMP ha podido compartir sus principales prioridades y reivindicaciones, como son: una legislación que proteja a las personas mayores frente a la brecha digital y la exclusión financiera, y todo lo relacionado con el derecho de las personas mayores a un envejecimiento activo y saludable, que debe ser garantizado mediante ayudas técnicas, las ayudas a domicilio o la adaptación de las viviendas a los requisitos de accesibilidad.
En este sentido, el ministro Garzón ha remarcado que la Mesa de Diálogo Social es el marco en el que debe debatirse y alcanzar consensos sobre el futuro de las pensiones, criterio que es impulsado también por la PMP, y, en cuanto a los problemas de accesibilidad, ha planteado que se podría estudiar destinar un porcentaje de los fondos europeos a la rehabilitación de viviendas.
Entre las medidas que la PMP ha propuesto, destacan la necesidad de desarrollo de un nuevo marco normativo específico que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores y afronte la diversa problemática que afecta a este sector de la población, cada vez más numeroso. En este sentido, ha trasladado al ministro la urgente necesidad de una ley de protección integral de las personas mayores. Una norma que se ha visto recientemente impulsada por la aprobación por unanimidad por parte del Pleno del Senado del Informe de la Ponencia de Estudio sobre el Proceso de Envejecimiento en España, el cual aboga por un Pacto de Estado para la protección y promoción de las personas mayores.
Durante la reunión, la PMP se ha referido a la campaña de incidencia política que actualmente lleva a cabo en materia de exclusión financiera, a fin de demandar el desarrollo de un nuevo marco legal, al que se comprometió la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
No solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que, según reitera la plataforma, lo más importante es la consecución un marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal.
Por su parte, el ministro Garzón se ha ofrecido como aliado en las reivindicaciones de la PMP y ha manifestado que las puertas del Ministerio de Consumo están abiertas para recibir sus aportaciones; al tiempo que ha propuesto la celebración de futuras reuniones técnicas para tratar de avanzar en la resolución de dichas demandas, y, en particular, en relación con la brecha digital y la exclusión financiera de las personas mayores, como consumidores vulnerables, y en el marco de los servicios de atención al cliente.
Entre las demandas concretas planteadas por la PMP, que quiere ver definitivamente reflejadas en la ley, se encuentran la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena y personal atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, donde la PMP ha reclamado contactar con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para crear un espacio en el que atender periódicamente, y en función del número de población, a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías, señalando el importante papel que podría realizar el Servicio de Correos.
