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Está gestionado por la SEGG y CEOMA y que quiere modernizar la atención a las personas mayores frágiles con dependencia para mejorar la calidad de vida.
La SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología), y CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), unen sinergias de colaboración para gestionar el proyecto “Vivir mejor en casa”, subvencionado con 2.699.034,84 euros por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según Real Decreto de 10 de diciembre
Ambas instituciones trabajarán de forma coordinada para llevar a cabo este proyecto de innovación e investigación orientado a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a personas incluido en la agenda de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La SEGG recibe para poner en marcha este proyecto la cantidad de 1.705.531,03 euros y CEOMA para la realización de éste 993.503,81 euros.
El programa contempla la coordinación con autoridades locales y autonómicas, tanto de sanidad como de servicios sociales. Se ejecutará en Madrid, Cataluña y Navarra con un modelo de gestión de casos y se procurará la formación continua a cuidadores y la creación y potenciación de las redes vecinales y de voluntariado.
Se trata de un proyecto con dos ejes fundamentales; uno preventivo para buscar una mayor y mejor atención domiciliaria y retrasar el ingreso en residencia; y otro desinstitucionalizador que busca la preparación de la persona y su entorno para salir de la residencia y volver a la comunidad.
El primer objetivo del componente preventivo es disminuir y retrasar la institucionalización en personas con dependencia para personas atendidas en servicios de ayuda a domicilio (SAD).
El impacto previsto es retardar o evitar el ingreso en residencia, en 30 municipios (con más de 440.000 habitantes en su conjunto) con disminución de solicitudes de ingreso en residencia y de ingresos reales en residencia de un 75%. Este componente impactará de forma directa en 160 personas y de forma indirecta en 3.330 profesionales sanitarios y sociales.
El segundo objetivo es la contratación de personas en situación de desocupación para incorporarlas al sector de atención a la dependencia. Se trataría de contrataciones de profesionales incorporados a jornada completa, con flexibilidad y autoorganización horaria y con contratación de personas con situación de exclusión laboral. El 70% de las nuevas contrataciones serán con exclusión laboral previa y el 80% de total con contratación a jornada completa y con autoorganización de horario.
Un tercer objetivo es el cambio de modelo de atención con formación específica al cuidador no profesional y la generación de una nueva dinámica de trabajo flexible cuidador no profesional/cuidador profesional. Se busca un impacto en el 100% de las personas atendidas y una disminución importante de la sobrecarga del cuidador y de la utilización de apoyos tanto sociales como sanitarios.
El modelo de intervención se fundamenta en formación de cuidadores no profesionales, en el incremento en la intensidad de atención hasta un máximo de 3.5 horas al día, en la prevención de la soledad no deseada y la fragilidad emocional y en la puesta en marcha de programas con cuidadores y redes vecinales, en un equipo cuidador profesional y no profesional con autonomía y libertad horaria, ayudas técnicas para la adaptación de un hogar dinámico y herramientas tecnológicas para el soporte de cuidados y pluripatología. El proyecto contempla una valoración total inicial y cada tres meses sobre la situación funcional mental y de ánimo, la calidad de vida, la sobrecarga del cuidador y los apoyos sociales y sanitarios; y también una valoración parcial cada mes sobre el uso de apoyos sociales y sanitarios y la progresión de la ayuda. La duración de la intervención y seguimiento se prolonga 18 meses para valorar los resultados parciales el 30 de junio de 2023.
Atención integrada sanitaria y social
El componente desinstitucionalizador del proyecto aprobado busca la atención integrada sanitaria y social a través de una valoración social detallada. Será necesaria una valoración geriátrica integral para detectar fragilidad reversible, un plan de desinstitucionalización con coordinación con servicios sociales y de salud básicos, otro de fase comunitaria con un seguimiento de un equipo gestor y también una evaluación continua de resultados de calidad de vida y de utilización de servicios sanitarios y sociales.
El objetivo es posibilitar el retorno a la comunidad de personas institucionalizadas en residencias de mayores, un retorno con planes de apoyo necesarios y buscando que, al menos, el 20% de los residentes puedan regresar a la comunidad. El plan de transición y apoyos será pactado y personalizado con cada residente y sus familias.
El segundo objetivo de este componente es estudiar la metodología y procesos para procesos de desinstitucionalización futuros, medir el impacto en calidad de vida del residente y estudiar las situaciones de crisis que se pueden producir en la fase comunitaria.
El modelo de intervención se realizará con una valoración integral centrada en la persona con equipos especializados y de atención primaria social y sanitaria, con búsqueda de viviendas y comunidades adaptadas (viviendas tuteladas, vivienda social, pisos estándar de alquiler…) y con gestión de casos y dos fases:
En esta fase de proyecto se trabajará en la residencia Santo Domingo de Estella (Navarra) con 80 plazas y la residencia El Vergel en Pamplona con 161 plazas.
Este componente del proyecto impactará de forma directa en 241 personas y de forma indirecta en 1.200 profesionales sanitarios y sociales.
Desde la SEGG y CEOMA se trabajará en coordinación y ejecución del proyecto y la difusión de los resultados entre los profesionales de atención geriátrica y gerontológica y las personas mayores, tanto en España como a nivel internacional.
La evaluación del proyecto será realizada por una unidad de investigación social de una universidad española, para garantizar la independencia del proceso.
