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Los ortopedas piden un registro de establecimientos autorizados “claro y de fácil acceso” para que los usuarios cuenten con todas las garantías.
La dispensación, adaptación y fabricación de los productos ortoprotésicos financiados por el Sistema Nacional de Salud debe realizarse en establecimientos autorizados (ortopedias), que cuentan con los profesionales sanitarios y con las licencias de funcionamiento pertinentes. De esta forma, los usuarios están protegidos mediante: la obtención de un producto óptimo con la adaptación necesaria y las directrices para su uso correcto, así como la garantía, el servicio postventa y su trazabilidad, como marca la legislación vigente.
La Asociación de Ortesistas Protesistas del Principado de Asturias (AOPPA) había denunciado en varias ocasiones ante la Consejería de Salud que se estaba financiando la prestación ortoprotésica proveniente de establecimientos sin licencia, algo contrario a derecho y que puede resultar nocivo para la salud de los asturianos, al conllevar graves riesgos, como por ejemplo: una silla de ruedas mal adaptada puede generar escaras en pacientes con movilidad reducida, la mala colocación de un Walker puede suponer un empeoramiento en las fracturas o el mal uso de unas muletas puede ocasionar lesiones musculares.
Desde AOPPA recuerdan que la manipulación de estos productos corresponde únicamente a los Técnicos Ortoprotésicos, que ofrecen atención individualizada y tienen en cuenta las patologías, tipología corporal e incluso el estilo de vida de los pacientes.
En su lucha por defender los derechos de los usuarios, la asociación ha conseguido que Inspección deniegue los pagos de prestaciones que no han sido dispensadas por ortopedias que cumplen con la normativa.
“De esta forma, se logra que todos los pacientes del SESPA estén protegidos frente a la venta ilegal y sin garantías, y sean atendidos por profesionales sanitarios adecuados”. Desde AOPPA celebran este giro de la administración asturiana, “es una demanda histórica que va a beneficiar a más de 150.000 asturianos, usuarios de ortopedia”, asegura su presidente Esteban Junquera.
Sin embargo, los usuarios, en su mayoría personas mayores, con discapacidad o dependientes no tienen una información clara y es posible que sigan adquiriendo un andador o una silla de ruedas en empresas sin las licencias pertinentes y por lo tanto sin la financiación de la seguridad social, es decir, por desconocimiento, tendrán que abonarlo de su bolsillo. Por eso, los ortopedas asturianos piden que se cree un registro “claro y de fácil acceso” para que éstos sepan dónde dirigirse y qué establecimientos cumplen con la normativa.
Hay que señalar que muchos pacientes desconocen sus derechos, según el informe ICUO (Índice de Confianza de los Usuarios de Ortopedia), el 55% de los encuestados no es consciente de que la venta online de estos productos está prohibida y hasta el 72% desconocía que los ortopedas son profesionales sanitarios.
En el resto de España, aún alguna región sigue financiando estas prestaciones sin revisar ni comprobar que el establecimiento se encuentra dentro de la legalidad, lo que podría acarrear enormes perjuicios para los pacientes. Por eso, desde la Federación Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP) se trabaja para que los organismos de Inspección tengan la pulcritud necesaria para garantizar que la prestación se facilita por los profesionales de Ortopedia como marcan distintas normas y recuerda la Orden SCB 45/2019.
