La Fundación Ageing Lab lanza un manifiesto con 10 puntos clave ante un contexto de crisis sanitaria

La Fundación Ageing Lab, a través de su Comité de Ética Social, ha lanzado un manifiesto ante el impacto inaceptable e inasumible producido por la COVID-19 en las personas mayores. Este comunicado recoge además un decálogo con 10 puntos necesarios para el adecuado funcionamiento del sector sociosanitario.

Los poderes públicos, tal y como recoge la Constitución, deberán promover el bienestar de las personas mayores mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas de salud, vivienda, cultura y ocio.

Violación de derechos y principios éticos y deontológicos

La grave crisis del sistema actual de cuidados de larga duración, basado exclusivamente en un enfoque asistencialista y proteccionista, ha quedado refrendado en los momentos más duros del estado de alarma, donde las personas mayores han sido excluidas de la atención sanitaria.

El manifiesto también agradece la labor desempeñada por las y los profesionales sanitarios y sociosanitarios que, en muchas ocasiones, han realizado un esfuerzo que ha excedido sus propias funciones a pesar de las carencias que han sufrido.

En este sentido, el decálogo se centra en la atención a las personas mayores, poniendo en primer plano la dignidad de la persona, así como la responsabilidad bioética de los poderes públicos hacia un nuevo modelo de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que permita una humanización adecuada del cuidado y revalorice la labor de las auxiliares.

También pone el foco en la evolución del modelo de atención residencial que no discrimine por edad y donde el personal disponga del equipamiento y cualificación necesarios. Además, se reivindican protocolos unificados y criterios de actuación estandarizados desde la igualdad y se propone la coordinación entre los servicios sanitarios y los sociosanitarios y la creación de una nueva Ley Integral para las Personas Mayores.

Aquí puedes leer el Manifiesto íntegro del Comité de Ética Social de la Fundación Ageing Lab:

Decálogo ante un contexto de crisis sanitaria o pandemia

La situación producida por la COVID-19 ha tenido una repercusión importante en las personas mayores, en mayor medida que en el resto de la población. La elevada mortalidad relacionada con la edad, la presencia, en muchos casos, de enfermedades previas y la insuficiente, tardía y a veces nula respuesta por parte de los servicios de salud, sobre este grupo de riesgo, está suponiendo un impacto inaceptable e inasumible tanto en pérdida de vidas como en deterioro cognitivo, funcional, emocional y relacional inclusive con las distintas generaciones.

Todas las personas mayores, sin excepción, han sufrido con especial intensidad la pandemia. En unos casos porque no se les pudo prestar la atención que requerían de manera adecuada y en otros porque sufrieron un aislamiento forzoso que aumentó su sensación de soledad.

A esto hay que sumar la escasez, que se produjo en un primer momento de la epidemia, de material de protección necesario para la población en general y para el personal sanitario y sociosanitario, lo que agravó las consecuencias de la epidemia.

En los momentos más duros del estado de alarma las personas mayores fueron excluidas de la atención sanitaria en algunos casos, y muchas no fueron derivadas a los servicios de salud por el colapso que estos sufrieron. La violación de derechos y principios éticos y deontológicos fue evidente y muchas personas mayores murieron solas alejadas de la familia y de las personas más queridas para ellas. Todo esto supone una manifestación más de la grave crisis del sistema de cuidados de larga duración, basado en un enfoque meramente asistencialista y proteccionista, que se viene denunciando desde diferentes ámbitos.

Especial mención merecen los y las profesionales que en muchas ocasiones se volcaron en el cuidado de las personas mayores, excediendo en mucho sus obligaciones laborales, en un intento de paliar las graves carencias que sufrieron. Tanto las personas responsables de la gestión como el resto de personal sanitario y sociosanitario realizaron un esfuerzo considerable para que, con los escasos recursos disponibles, el impacto en la atención fuera el mínimo posible, poniendo en riesgo sus propias vidas y las de las personas de su entorno familiar.

Ante la situación generada y la repercusión que ha tenido en las personas mayores desde el Comité de Ética Social de la Fundación Ageing Lab consideramos:

• 1.- Paradigma de derechos humanos y dignidad en las personas mayores. La atención de las personas mayores debe de situarse como eje prioritario en el marco de los derechos humanos y la dignidad, ahora más que nunca y como sistema de supervivencia de la sociedad.
• 2.- Procesos de atención centrados en la persona. La humanización de la atención basada en unos cuidados integrales centrados en la persona debe presidir los cuidados que se prestan a las personas mayores, por lo que se deben establecer criterios estandarizados que contemple el absoluto respeto de la dignidad.
• 3.- Responsabilidad bioética de los poderes públicos. Es responsabilidad de los poderes públicos asegurar que la atención que requieren las personas mayores se preste en condiciones adecuadas y cuente con todos los recursos necesarios. La asistencia sanitaria y sociosanitaria debe hacerse desde un planteamiento bioético y deontológico. Es fundamental que se preserven los principios bioéticos que deben presidir la atención que se presta, respetando los derechos y preferencias de las personas mayores, sin discriminar a nadie en la asignación de recursos.
• 4.- Nuevo modelo de prestación del servicio de ayuda a domicilio. Es necesario revalorizar socialmente su labor y centrar los esfuerzos en orientarlo hacia una atención centrada en la persona y en la promoción de la autonomía, garantizando la adecuación del servicio y su especialización, bajo una gestión por procesos socioasistenciales y preventivos frente a un modelo de horas/servicio más propio de sectores de la distribución de productos o del sector delivery que no permiten una humanización adecuada del cuidado, mercantilizando las necesidades más básicas del ser humano. Para esto es preciso estandarizar el Servicio de Ayuda a Domicilio para atender a todas las personas mayores usuarias, desde la corresponsabilidad de todas las partes implicadas y el apoyo y el refuerzo del sistema sanitario. Las auxiliares del SAD son un vehículo de valor incalculable para garantizar la atención a las personas mayores en sus domicilios, siempre y cuando se valoren como agentes de prevención y de coordinación en la atención integral y personalizada y para ello se les dote de las herramientas necesarias y se les reconozca y retribuya como tales.
• 5.- Evolución del modelo de atención residencial. Hay que evolucionar el modelo residencial, que ha demostrado graves carencias durante la pandemia, siendo fundamental que cuenten con personal suficiente de atención directa, debiendo además aumentar las mejoras de las condiciones de trabajo de los profesionales. Esta evolución del modelo además debe hacerse mediante unidades de convivencia entre 15 y 20 personas máximo y debe permitir que la persona usuaria decida quien lo cuida y con quien convive.
• 6.- No a la discriminación etaria (edadismo). Las personas mayores deben recibir la misma atención sanitaria que el resto de la población, deben ser atendidos en los centros sanitarios cuando así lo requiera su situación de salud y no ser excluidos de la misma por la edad o por estar en un centro de mayores. El colectivo de personas mayores debe ser tratado en las mismas condiciones de igualdad, ya esté en un centro residencial o en su hogar.
• 7.- Personal equipado y cualificado. El personal debe contar con los dispositivos, equipos de protección y la formación necesaria para desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas, no debiendo existir desigualdades entre el personal del sector sanitario y sociosanitario.
• 8.- Protocolos unificados y criterios de actuación estandarizados teniendo en cuenta la diversidad desde la igualdad. Se deben fijar unos estándares mínimos en todo el territorio español, que determine los requisitos que debe regir la atención a las personas mayores en los diferentes ámbitos y tipologías de servicios y que obligue a todas las comunidades autónomas, estableciendo protocolos comunes que evite disparidades entre comunidades y articule de forma estandarizada la implicación de los actores que participan en el sistema de atención a las personas mayores.
• 9.- Coordinación y convergencia entre salud y servicios sociales. Es necesario fomentar la coordinación de los servicios sanitarios con los sociales, la creación de un espacio sociosanitario es fundamental para mejorar la calidad de la atención que se les presta a las personas mayores ya sea en su domicilio o en cualquier recurso disponible para ellas.
• 10.- Ley integral para las personas mayores y corresponsabilidad. No se está dando respuesta adecuada y suficiente a las necesidades de las personas mayores, por lo que es urgente un cambio de enfoque en las políticas públicas y en las estrategias de intervención. La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Prevención de las Situaciones de Dependencia debe recuperar los aspectos preventivos y de atención integral y continuada. Se propone elaborar una Ley Integral para las Personas Mayores con recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de las personas mayores, contando con su participación y en la que se garanticen sus derechos y dignidad.