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Así lo expone el presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI en una entrevista con la publicación ‘Cermi.es semanal’.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que “denegar la derivación hospitalaria sin ofrecer una alternativa viable adecuada podría incurrir en una omisión del deber de socorro”, por lo que exige “actuaciones concretas” para que no vuelva a discriminarse a sectores de la ciudadanía como el de las personas mayores con discapacidad si vuelve a vivirse una situación de colapso sanitario por la pandemia de COVID-19.
“La no asunción ni determinación de responsabilidades políticas o judiciales hasta el momento por parte de ningún estamento, hace pensar que situaciones con elevado número de pérdida de vidas por parte de un sector de la población, los mayores, puede salir relativamente barato”, denuncia el presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI Estatal, Álvaro García Bilbao, en una entrevista con la publicación ‘Cermi.es semanal’, a cuya nueva edición se puede acceder a través de este enlace.
Por ello, exige que no vuelva a producirse ningún tipo de discriminación en el acceso a la atención sanitaria, como sucedió en ocasiones en los peores momentos de la pandemia en aquellos lugares en los que el sistema de salud se vio más colapsado. Además, critica que las personas mayores, incluidas las que tienen discapacidad, han sufrido “soledad, el abandono, la impotencia, la rotura de sus rutinas y la merma en sus procesos vitales”, entre otras circunstancias.
Pese a esta situación, advierte del riesgo de “repetir errores similares a los acaecidos” porque en estos meses de menor intensidad de la pandemia “se ha evitado hacer una reflexión colectiva necesaria y obligada que restaure y fortalezca derechos, conscientemente orillados en aras de discutibles criterios de gasto económico y de supervivencia, no de todos, sino de los más aptos”.
A su juicio, algunas de las medidas que deben adoptarse son habilitar nuevos recursos; favorecer la vida en comunidad y apostar por la figura del asistente personal; impedir que se puedan producir situaciones de discriminación en el acceso a los cuidados intensivos; no olvidar a las personas mayores con discapacidad residentes en el entorno rural; incluir como colectivo de riesgo a las personas cuidadoras, generalmente mujeres, y que los responsables políticos cuenten en todo momento con las organizaciones de personas mayores y del sector de la discapacidad para hacer frente a las situaciones que se puedan ir produciendo.
Adaptarse y transfromarse
Por otro lado, la publicación semanal del CERMI incluye una entrevista con el director de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Catalunya, Álex Miró, quien repasa su dilatada trayectoria profesional en el ámbito sociosanitario y su estrecha relación con el sector de la discapacidad.
Miró entiende que hay que buscar soluciones ante las carencias del sistema, acentuadas con la actual crisis sanitaria, económica y social, y la necesidad de “adaptarse” y “transformarse”. Así, propone “buscar la sostenibilidad de las asociaciones” para hacerlas más independientes de la “voluntad de la administración”.
Explorar una mayor relación con todas las administraciones y en todos sus ámbitos o incrementar los contactos con las empresas del ámbito social o sanitario son algunas de las propuestas del director de COCEMFE Catalunya para revertir la complicada situación actual, al tiempo que pide “compensar adecuadamente a las entidades por los sobrecostes que ha generado el confinamiento”.
Otro de los contenidos de la publicación es un artículo de María Eugenia Torres Costas, autora del libro ‘La capacidad jurídica a la luz del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, en el que repasa las claves de esta publicación.
Con esta obra, analiza el origen de este tratado de derechos humanos y las asignaturas pendientes en España respecto del capítulo 12, que serán corregidas cuando culmine la tramitación parlamentaria de la reforma legal en curso para adaptar el derecho Civil a los mandatos de la Convención y se migre de la supresión de la capacidad jurídica a un modelo basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones.
Por otro lado, la edición 403 de ‘Cermi.es semanal’ incluye un artículo de opinión del director de Comunicación del CERMI y director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, en el que reclama que en la vuelta al cole los políticos no ignoren las necesidades del alumnado con discapacidad ante la situación excepcional en la que se encuentra el país por la pandemia.
Igualmente, la publicación recoge toda la actualidad sobre discapacidad correspondiente al mes de agosto e incluye una entrevista con el filósofo y ensayista Fernando Broncano, quien diserta sobre el exceso de consumo de la sociedad actual y sobre el creciente desapego que se siente por los objetos.
