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Durante una reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, para abordar la distribución del 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades.
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 ONG, ha denunciado la decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España de recortar drásticamente la financiación a las ONG estatales de Acción Social en un momento de crisis devastadora causada por la pandemia. El papel de las entidades es más esencial que nunca, ya que son ellas las que están contribuyendo, en mayor medida, con sus estructuras y redes al sostenimiento de las necesidades de los colectivos más vulnerables.
Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, tras mantener una reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y en la que también estuvieron presentes las organizaciones miembros de la propia plataforma. En ella se han abordado temas relacionados con la financiación del Tercer Sector, concretamente con el 0,7% del IRPF de interés social y del Impuesto de Sociedades, para hacer frente a la crítica situación actual.
Poyato ha asegurado que, durante el estado de alarma, cuando los servicios sociales han estado desbordados, las entidades del Tercer Sector de Acción Social han sido factor clave en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad social y el reconocimiento a esta labor se debería mostrar, en su opinión, con garantías económicas y jurídicas para que puedan mantener la capacidad de respuesta demostrada. Por esto, ha criticado la decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya que solo hace, a su juicio, debilitar las respuestas y los instrumentos de las políticas sociales del Estado.
Hasta ahora, y tras una resolución del Tribunal Constitucional, el total recaudado a través del 0,7% del IRPF era gestionando en un 80% por las Comunidades Autónomas y en un 20% por el Estado. Igualmente, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, dicta que la recaudación a través de la casilla con fines sociales del 0,7 % del Impuesto de Sociedades se debe articular como una convocatoria supraterritorial y en su totalidad debe ir destinada a financiar proyectos de interés social presentados por entidades de acción social de ámbito estatal.
Reducción de la capacidad de intervención social
Sin embargo, en el encuentro la secretaría de Estado de Derechos Sociales ha comunicado a los representantes de la PTS que las entidades estatales podrán gestionar el 14% de lo recaudado en el IRPF una cifra que no se corresponde con el 20% fijado sobre el total para acción social, que asciende a 283 millones de euros. “Esta reducción del 20% al 14% supone una pérdida de 14,5 millones de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan”, ha indicado Poyato.
Además, ha alertado de que “esta disminución sustancial de los fondos sociales de este año, se repetiría en los siguientes, y terminará desapareciendo cualquier participación del Estado y de las organizaciones de acción social a nivel estatal en el 0,7% del IRPF”.
Impuesto de sociedades
En relación con el 0,7% del Impuesto de Sociedades, la secretaría de Estado ha informado que la distribución de los recursos se verá también modificada y las entidades de Acción Social estatales verán recortada su financiación en este caso en casi un 23%, ya que esta cuantía irá destinada a proyectos de cooperación y medioambientales.
En este sentido, el presidente de la PTS ha defendido la recuperación de medios económicos para las organizaciones de cooperación y medio ambiente “injustamente” recortada en los últimos años, pero con cargo a otros mecanismos de financiación.
Ligado a esto, ha insistido en que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, dice claramente que la recaudación del 0,7% del Impuesto de Sociedades debe destinarse “exclusivamente” a proyectos presentados por entidades estatales del Tercer Sector de Acción Social.
Nula aportación del Ministerio
Además, ha subrayado que las entidades sociales están atendiendo a más de 6 millones de personas al año en una situación de financiación pública “muy precaria”, por lo que esta última medida de recorte impide que el Tercer Sector pueda contribuir como hasta ahora en la atención social de los grupos más vulnerables. “Si no existe compromiso y medidas adecuadas de apoyo y refuerzo no podremos defender los derechos de las personas que más lo necesitan, ni avanzar en el proceso de reconstrucción social del país”, ha puesto sobre la mesa.
“Esta política unilateral de recortes sociales sobre fondos ya consolidados en plena pandemia contrasta con la nula aportación por el Ministerio de Derechos Sociales de nuevos recursos financieros para atender las nuevas necesidades exacerbadas por la crisis de masiva de salud pública”, ha subrayado.
Por último, ha manifestado el absoluto rechazo del Tercer Sector a estas decisiones tomadas por el Ministerio y ha dicho que las entidades sociales estatales no pueden verse tan perjudicadas hasta el punto de poner en riesgo su misión social en un momento de máxima urgencia en el que la prioridad debería ser la reconstrucción social para que de verdad nadie quede atrás.
