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Entre ellas está el ingreso mínimo de carácter estatal, el acceso universal y gratuito a la atención médica, el aumento de la prestación por menores a cargo, la eliminación del sinhogarismo o la protección de las personas con discapacidad, entre otras.
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por más de 30.000 entidades sociales, ha presentado al ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España un documento que recoge sus propuestas, un total de 29, al Programa Nacional de Reformas 2020 con el objetivo de defender el Estado del Bienestar y blindar los derechos sociales ante la pandemia del coronavirus. Este documento ha sido elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y recoge todas las propuestas de las entidades miembro de la propia PTS.
Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien ha explicado que el Estado de Bienestar es “esencial” para promover un desarrollo social y sostenible más equitativo. Además, ha defendido que éste debe estar respaldado ahora más que nunca por la inversión social pública para garantizar el acceso a empleos de calidad, servicios universales y protección social para toda la ciudadanía, especialmente los colectivos más vulnerables, que son los más castigados por la pandemia.
En relación a esto, el vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la PTS, Carlos Susías, ha puesto sobre la mesa los principios básicos que se deberían tener en cuenta y que pasan por, verdaderamente, no dejar a nadie atrás: “es el momento de los derechos de las personas y la efectiva garantía de los mismos”. De este modo, ha subrayado, se estaría s avanzando en el Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, con los que España se ha comprometido.
Algunas propuestas
Entre las propuestas presentadas está la puesta en marcha de la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza 2019-2023, aprobada hace un año; la implantación de un ingreso mínimo de carácter estatal para todos los hogares que se encuentren en situación de pobreza y/o exclusión y, por lo tanto, en vulnerabilidad económica y social; la necesidad de garantizar el acceso universal y gratuito a la atención médica y a los recursos sanitarios y de salud pública; y la ampliación de la prestación por menores a cargo, que debería duplicar su cuantía y alcanzar los 100 euros al mes en 2024. De la misma manera, el documento apuesta por la eliminación del sinhogarismo garantizando el acceso a una vivienda, adecuada y digna.
El documento también recoge otras medidas para proteger a las personas con discapacidad, a las personas trabajadoras del servicio doméstico y de cuidados, para regularizar de manera inmediata la situación de las personas inmigrantes, para promover la inclusión social de la población gitana, para combatir la difusión de estereotipos, dar apoyo a las personas trabajadoras autónomas o desarrollar una Ley de Familias Monoparentales, entre otras actuaciones.
La Plataforma del Tercer Sector confía en que sus propuestas, al igual que en ocasiones anteriores, sean tenidas en cuenta en el documento final del Programa Nacional de Reformas, que, como cada año, España presentará a la Comisión Europea con el fin de coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea.
