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En una reunión mantenida entre la Plataforma del Tercer Sector (PTS), el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La Plataforma del Tercer Sector, compuesta por 30.000 ONG, ha apoyado este jueves la renta social extraordinaria que está ultimando el Gobierno para hacer frente a la grave crisis que dejará el Covid-19 y que, según las previsiones, se prolongará en el tiempo y será aún más dura que la del año 2008. Actualmente, hay más de 12 millones de personas que viven en situación de pobreza y exclusión social en España.
Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, en una reunión mantenida con el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En la cita telemática han participado diversas ONG, entre las que se encuentran algunas que forman parte de la propia PTS, como CERMI, EAPN o Cáritas, con el fin de avanzar en el desarrollo de la nueva renta social extraordinaria que el Ejecutivo está preparando y que el Tercer Sector lleva reclamando más de tres lustros.
Durante el encuentro, los representantes del Gobierno han explicado que, en un primer momento, y dada la situación de emergencia actual, esta renta se aprobará de manera extraordinaria pero que, se tiene previsto, desarrollar posteriormente una renta mínima vital estable.
En este sentido, Poyato ha pedido que precisamente, el nuevo salario social extraordinario se pueda convertir en una renta mínima vital estable y duradera, que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y que se presente como un derecho subjetivo a la protección y garantía de las condiciones básicas del desarrollo vital. Además, ha defendido que sea accesible para todos los hogares en pobreza con el objetivo de garantizar un ingreso y condiciones adecuadas para poder tener una vida digna.
En definitiva, ha subrayado, que sirva de instrumento fundamental para la inclusión y cohesión social en España y que se configure como un auténtico derecho con independencia del territorio en el que se viva. “La gravedad del momento urge a una acción decidida del Gobierno para asegurar el suelo vital y que no nos vuelva a ocurrir como en la anterior crisis”, ha subrayado Poyato.
Por último, el Tercer Sector apuesta por coordinar la nueva renta mínima con las autonómicas presentándola como un suelo, y no como un techo, por lo que cada territorio podría complementar las cuantías según sus decisiones.