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El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el que se aprobó la Ley de Autonomía Personal y Dependencia participó este jueves en unas jornadas del CERMI con motivo del décimo aniversario de esta normativa. El encuentro se celebra hasta mañana viernes en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid (paseo de La Habana, 208).
El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el que se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, Jesús Caldera, hizo un llamamiento este jueves para que la mejora de este sistema “sea una prioridad, porque debemos tener en cuenta que para 2030 ó 2040 habrá más personas que tengan más de 65 años que trabajando”, lo que en su opinión, incrementará el número de personas que necesiten apoyos.
Así se manifestó Caldera durante las jornadas ’2006-2016: 10 años de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia: ¿Más y mejor protección social una década después?’, organizadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid, cuando se cumplen diez años de la aprobación de la denominada “cuarta pata del estado de bienestar”.
Caldera subrayó que “cuando empezamos a tratar este tema en 2004 para el programa electoral del PSOE a las elecciones generales, nadie había oído hablar de dependencia en este país”, y mostró su satisfacción por el hecho de que “en su día superamos todas las discrepancias y no se llegó a interponer ningún recurso ante el Tribunal Constitucional”.
“Se pueden contar con los dedos de una mano el número de países que tienen reconocido un derecho de este tipo”, añadió el exministro, que resaltó que pese a los “perjuicios de la crisis económica, nadie discute ya hoy que debe existir una ley de dependencia”.
Asimismo, Caldera declaró que “la Ley de Autonomía Personal y Dependencia es una normativa de fuerte contenido económico, y si entendiéramos cómo va a evolucionar el tejido productivo en nuestro país reforzaríamos más este aspecto”. A su juicio, “se trata de un empleo que no se puede deslocalizar”, por lo que invertir en este sector hace que se recupere buena parte de lo que se gasta. De hecho, señaló que medio millón de personas que podrían acceder a un puesto de trabajo en el sector sociosanitario “están esperando a que lo hagamos bien”.
El extitular de Trabajo y Asuntos Sociales se mostró a favor de revisar los actuales criterios de copago, asegurando que “soy partidario de la atención con justicia y solidaridad, pero quien tiene recursos elevados debe aportar en función de su capacidad económica”.
Por otra parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, aseguró durante la inauguración de las jornadas que “esta última década no ha sido como las demás, ya que ha estado atravesada por una crisis económica y social que ha tenido sus efectos. Pese a ello, esta ley debe ser irreversible, ya que es un bien social y una gran conquista. Hace diez años era inédito que los derechos sociales comenzaran a regularse en clave de derechos subjetivos y fundamentales. Esta es una de las grandes aportaciones de esta normativa, por lo que vamos a continuar en esta senda”.
EN todo caso, Pérez Bueno apuntó que tanto la comunidad política como la social “no hemos estado a la altura del desafío que nos suponía la Ley de Autonomía Personal y Dependencia”, y recordó que casi una de cada tres personas con derecho a beneficiarse de apoyos está en lista de espera, sin percibirlos. “Aun así, nos quedamos con lo bueno, con esa senda que indica que las necesidades sociales tienen que encararse desde el punto de vista de derechos subjetivos, que debe ir acompañado de una arquitectura de financiación a la altura y debe haber una corresponsabilidad social en la gobernanza de este sistema, remachó el máximo representante del CERMI.
Por su parte, la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, destacó que “esta ley generó muchas expectativas y ha cubierto algunas necesidades. En este décimo aniversario hay que mirar hacia adelante y avanzar en esas necesidades que la ley todavía no ha contemplado. Además, es fundamental que diferenciemos los conceptos de dependencia y discapacidad . Esta confusión puede ser la causa de que no se haya desarrollado plenamente el primer apellido de la ley: promoción de la autonomía personal. Si se desarrollara con recursos suficientes, habría menos personas que, a corto plazo, lleguen a ser dependientes”.
En esta misma línea se pronunció el jefe de Área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo, Bartolomé José Martínez, quien destacó que “desde 2006, cuando se promulga esta ley, esta institución ha recibido 2.058 quejas de ciudadanos. Si tenemos en cuenta las personas que solicitan la dependencia o que ya la tienen reconocida en relación al número de quejas, éstas son muy escasas y esto se puede deber al hastío administrativo de las personas con dependencia y sus familias o a la poca confianza que tienen de que se resuelva su problema”.
Mientras, la directora general del IMSERSO, Carmen Balfagón, indicó que “hay que trabajar más en la promoción de la autonomía personal pero también hay que resaltar la igualdad en todo el territorio nacional con la atención de todas las personas en situación de dependencia. A todo esto hay que añadir la dignidad del dependiente allí donde esté”.
Análisis de expertos
Por otro lado, dos expertos impartieron sendas ponencias en las que abordaron las principales claves de esta ley. Así, el sociólogo Antonio Jiménez Lara subrayó la necesidad de “pasar de una visión asistencial a otra de derechos” y lamentó que “no siempre se acaban poniendo en práctica las intenciones que tiene el legislador en el momento de aprobar una ley”.
En este punto, lamentó que el número de personas beneficiarias haya permanecido estancado entre los años 2011 y 2015; que haya disminuido el número de cuidadores no profesionales que reciben prestaciones desde 2013, lo que a su juicio, perjudica fundamentalmente a mujeres mayores, y que existan listas de espera no razonables para recibir los servicios a los que se tiene derecho.
Eso sí, celebró aspectos positivos como el impacto en el empleo, ya que desde 2007, el número de personas que trabaja en la prestación de servicios sociales ha pasado de 280.000 a más de 450.000, “en gran parte, gracias a la Ley de Dependencia”.
Para seguir mejorando el sistema, apostó por “alcanzar un acuerdo de estado” entre partidos políticos y la sociedad civil para garantizar la financiación del sistema. Además, explicó que es relevante modificar la Constitución para hacer irreversibles los derechos sociales, afrontar las deudas acumuladas por el sistema, o establecer alguna vía rápida de acceso a estos servicios para las personas que estén en situaciones vulnerables.
En esta línea, Pablo Cobo Gálvez, experto en políticas públicas de protección social, mostró su convencimiento de que “esta ley que en su día aprobamos con tanta ilusión y expectativas, funcionará tan bien como las pensiones de la Seguridad Social”. Además, hizo un llamamiento a “estudiar por qué no se están cubriendo las condiciones mínimas de financiación”. En su opinión, esto hace que el número de beneficiarios sea de menos de 900.000, 700.000 por debajo de lo que se esperaba para este momento. “La situación actual nos lleva a una infradotación de recursos del sistema”, explicó este experto, quien recordó que sólo este año la administración central aportará 1.000 millones de euros menos de lo que correspondería.
“El anclaje constitucional de la Ley de Dependencia es total, pero lo que no se está cumpliendo es el reparto al 50% de la financiación del sistema entre el Estado y las comunidades autónomas”, zanjó Pablo Cobo.
